El pasado 28 de abril se celebró una nueva sesión técnica del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), esta vez dedicada a salud e inmigración. Para abordar este tema se contó con una ponencia de Davide Malmusi, investigador de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y actualmente Director de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, y de dos investigadoras del Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud (SEPPS) del CSC, Irene García-Subirats y Victoria Porthé.
Malmusi fue el primero en intervenir para explicar algunos resultados del estudio realizado en el marco del proyecto europeo Sophie. En su exposición, Malmusi mostró algunos modelos utilizados para analizar las políticas de integración y como influencian la salud de la población inmigrante. En este sentido, expuso tres modelos: el multicultural, el exclusionista y el asimilacionista. Para clasificar los países de la Unión Europea en estos tres modelos se utilizaron diferentes indicadores que sitúan a España como uno de los países con un modelo multicultural e inclusivo. Pero lo realmente relevante de las cifras mostradas por Malmusi es que demuestran como "los países con políticas exclusionistes hay unas mayores tasas de mortalidad, peor salud autopercibida y peor salud mental en la población inmigrada, aunque no se puede hacer una relación directa , sí es un ejemplo de que las políticas sociales tienen efectos en la salud ". Es más, los datos mostraban claramente como en los países con un modelo exclusionista las condiciones socioeconómicas y de salud de la población inmigrante eran peores. Se pueden consultar más datos de este estudio accediendo a la presentación de Malmusi.
En la segunda parte de la sesión, y en la misma línea de análisis de los efectos de las políticas en la salud pero dentro del ámbito nacional, dos investigadoras del SEPPS, Irene García-Subirats y Victoria Porthé, presentaron resultados de la investigación que están realizando, en colaboración con varios asociados, sobre los cambios en el acceso a la atención de los inmigrantes en Cataluña y España durante la crisis económica, en el marco del proyecto MEISI. Mostraron el análisis de dos Encuestas Nacionales de Salud (2006 y 2012) que identificaban algunos cambios pero apuntaban a como un sistema nacional de salud puede amortiguar los efectos de la crisis económica. Sin embargo, destacaron que los datos eran anteriores a las medidas políticas de mayor impacto, el Real Decreto 16/2012 y las drásticas reducciones en el presupuesto público sanitario. Las consecuencias de estas fueron analizadas en el segundo componente del estudio de carácter cualitativo, basado en entrevistas a profesionales de la salud y usuarios inmigrantes y mostraban como las medidas implementadas están influyendo en dos sentidos: se han agudizado las barreras de acceso que existían antes de la crisis y al mismo tiempo se han creado nuevas barreras en la entrada al sistema como consecuencia. En la presentación se pueden ver en detalle, pero a grandes rasgos, se tratan de cambios respecto a los derechos de atención, la obtención de la tarjeta sanitaria, la reducción de los recursos humanos en los centros, el aumento de los tiempos de espera junto con el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y laborales. Y, por supuesto, el efecto y las consecuencias que esto ha tenido en los profesionales y en los inmigrantes, conduciendo a una menor utilización de los servicios de salud y un empeoramiento del estado de salud. La magnitud de los problemas se deberá medir con el nuevo estudio, que están preparando el SEPPS.
Una vez terminadas las dos exposiciones, el tema generó un gran debate entre los asistentes, sobre todo por las consecuencias del decreto 16/2012 en el acceso a la salud. La próxima sesión técnica del CSC será el 26 de mayo y se centrará con la participación ciudadana en salud, bajo el título: Los que planifican son usuarios de los servicios? Como democratizar la planificación y gestión del sistema sanitario público?