El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) acogió ayer la Sesión Técnica 'Tres años de la ley reguladora de la eutanasia: adelantos y retos con la prestación de ayuda a morir', en la cual participaron Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña; Francesc José Maria, vicepresidente del mismo organismo, y Gloria Cantarell, vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

La primera ponencia fue de Albert Tuca, quien analizó los datos sobre la solicitud de eutanasia de los primeros dieciocho meses desde la entrada en vigor de la LORE (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia). En su intervención, señaló que, en este periode de tiempo, en España se han hecho 736 peticiones de PRAM (Prestación de Ayuda a Morir), con una "distribución territorial muy heterogénea": el País Vasco, Navarra y Cataluña son las comunidades autónomas con más peticiones por millón de habitantes (más de 30), mientras que Murcia y Andalucía no llegan a seis.

También subrayó que ,"prácticamente, un 60% de los casos se inician por Atención Primaria y la aplicación del PRAM es, en un 53% de los casos, en el domicilio". Respeto la forma de aplicación, destacó que, en un 98,1% de los casos, la administración de los fármacos se hace por parte del equipo sanitario y, solo en un 1,9%, se hace por la vía de la autoadministración. Por otro lado, señaló que, en España, una de cada cuatro personas mueren antes de aplicar el PRAM.

Seguidamente, Francesc José María,