El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) se reunió, el pasado 12 de mayo, con la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera; la secretaria general, Dolors Rusinés; la directora general de la Autonomía Personal y la Discapacidad, Montserrat Vilella; la directora general de Provisión de Servicios, Rosa M. Pons, y el jefe del Gabinete de la consejera, Marc Solans. Los temas principales por los cuales estábamos convocados eran el sobrecoste COVID19 y las tarifas 2022, y su abordaje en el sector de la gente mayor y de la salud mental y discapacidad. La consejera planteó que este era un primer contacto con todo el sector y que tenía que ser el inicio de un trabajo conjunto, para definir los diferentes ámbitos a abordar para este 2022 y de futuro.
En primer lugar, en relación con el sobrecoste COVID 19 y las medidas que se establecieron para hacer frente en la pandemia, que suponían una tarifa adicional por RAS y centro de día, así como las plazas buffer y las plazas reservadas, se explicó que se sustentaban jurídicamente en la existencia de una emergencia sanitaria, hecho que ha decaído. El Departamento informó que, por este motivo, se dejará de pagar el sobrecoste adicional a la tarifa, hecho que, según se ha anunciado hoy, se producirá a partir del 19 de mayo.
Durante la reunión se anunció, también, que el 17 de mayo se llevaría a trámite una modificación del actual Decreto ley, que ha salido publicado hoy, mediante el cual se puedan poner en marcha actuaciones adhoc, para hacer frente en cualquier contingencia asociada a la COVID19. Se abordó, así mismo, el tema de tarifas y se nos emplazó a una reunión específica para tratarlo, que está prevista para el próximo martes, 24 de mayo.
Desde CSC hemos puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sector. El hecho que se supriman los sobrecostes ante la carencia de fondos adicionales COVID19 supondrá hacer un análisis de los costes actuales en la prestación de los servicios de atención a la dependencia, puesto que el cambio de modelo con las unidades de convivencia ha supuesto un incremento de personal que habrá que consolidar y poderlo trasladar a una financiación justo mediante las tarifas.
También insistiremos en la necesidad de continuar trabajando en las reuniones que desde el Departamento se han comprometido a poner en marcha, para revisar los temas pendientes y avanzar en la planificación de los servicios y en la definición de escenarios plurianuales en relación con las tarifas, así como en el desarrollo de un modelo de atención centrado en la persona y de calidad.